6.2.07

Mientrastanto.e Num. 47 del 02-2007

mientrastanto.e

El argumento bomba

Antes del bombazo en un aparcamiento de Barajas que ha costado la vida a dos trabajadores inmigrantes casi todo el mundo creía que se daban las condiciones para que ETA, por fin, se resignara a abandonar la lucha armada.

Había argumentos válidos para contemplarlo: tres años sin atentados mortales; la manifiesta inutilidad de los atentados para doblegar la voluntad del estado, representativa en este punto de la mayoría de las gentes y específicamente de los vascos; el aislamiento de ETA y de su brazo político; las declaraciones de los dirigentes de ese brazo político, que aunque no condenaban el uso de las armas sí manifestaban preferir las soluciones dialogadas. Y, por otro lado, había también condiciones previas adecuadas: la admisión por parte del PNV de la conveniencia de aplazar la modificación del estatuto vasco a un momento posterior al cese de la actividad armada, y la composición de un gobierno de España sinceramente deseoso de hacer cuanto pudiera para poner fin al trágico conflicto en que ETA nos ha metido. Por eso la “declaración de alto el fuego permanente” y la voluntad de negociación por parte de ETA pudieron ser tomados en cuenta por todos los grupos con representación parlamentaria, salvo el Partido Popular, y la negociación acogida como un bien por la mayoría de los ciudadanos.

Sobre este panorama, sin embargo, planeaban dos nubarrones.

Uno lo constituía el propio militarismo de ETA. No estaba claro si ETA había aceptado las consecuencias políticas de su derrota militar en curso. De haberlas aceptado plenamente, su propuesta de negociación se habría limitado a un calendario para la desaparición de las armas y un acuerdo sobre el trato —que siempre sería generoso por parte de la sociedad española— para los etarras encarcelados y encarcelables. Si no había percibido la magnitud de su derrota, su negociación trataría de imponer unos objetivos políticos desde su perspectiva mínimos: la anexión de Navarra a Euskadi —una posibilidad a la que está abierta la Constitución de 1978— y el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi, acatando los resultados de una consulta popular al respecto; objetivos que no se podría aceptar.

El otro nubarrón lo constituía la política del mayor partido de la oposición, el PP, que sobre la base de una incomprensión de fondo de su propia derrota electoral ha buscado una confrontación completa y dura con el gobierno para erosionarle con vistas a las elecciones futuras. La política antiterrorista del gobierno no iba a ser una excepción, y el PP no sólo no se sumó a la autorización al gobierno del poder legislativo para negociar sino que movilizó al regresivo sector de la sociedad civil que le es afecto, a los instrumentos de propaganda que domina (el diario El Mundo, la cadena de radio Cope, Telemadrid, etc.), a la principal asociación de víctimas del terrorismo etarra y a su propio personal afín en el seno del Poder Judicial y en el aparato del estado para dificultar y entorpecer la posible negociación. La actual dirección del PP traicionó el limitado Pacto Antiterrorista firmado con el Psoe, que dice que la política antiterrorista debe quedar fuera del debate electoral, ya el 11 de marzo de 2004, al atribuir mendazmente a ETA la autoría de los atentados con el fin de ganar las elecciones de tres días después. Desde entonces ha hecho de este asunto su gran baza electoral y ha combatido al gobierno en el parlamento, en los media y en la calle utilizando a ETA como cebo para pescar todos los votos posibles. Con ello los dirigentes del PP traicionaron también otro principio contenido en aquel Pacto Antiterrorista, según el cual la dirección de la política antiterrorista le corresponde al gobierno de turno, y, con gran deslealtad no sólo con el Psoe sino con la sociedad española, mandaron a ETA un mensaje claro: no respetaremos lo que pueda hacer el gobierno actual; no queremos que sea este gobierno el que acabe con la violencia política en este país.

ETA pretende que las muertes ocasionadas por el bombazo del aeropuerto fueron un imprevisto —ETA avisó de la colocación de explosivos—, un “daño colateral” —la expresión es repugnante para referirse a los dos jóvenes ecuatorianos muertos—, causante de lo que el derecho penal califica de “homicidio preterintencional”. Tal “imprevisto”, sin embargo, revela el burdo mundo intelectual en que viven los dirigentes etarras, pues no es posible dar por descontado que una gran potencia explosiva en cualquier lugar público, y menos en un aeropuerto, no vaya a causar víctimas mortales. Sin embargo, aunque no hubiera habido víctimas mortales ETA debía haber sabido que volaba no sólo un aparcamiento sino también la posibilidad de proseguir la negociación. ETA ha ignorado que o bien negocia o bien pone bombas —o bien se autodisuelve, que sería otra posibilidad teórica—, pues las bombas son incompatibles con las negociaciones, ya que de otro modo éstas serían una invitación a poner más de aquéllas como bazas negociadoras. El comunicado posterior de ETA, afirmando que la negociación seguía abierta y lamentando las víctimas, es puro añadido de una chapuza política a la otra chapuza, la criminal, que ha acabado con la vida de dos personas tan inocentes que ni siquera eran españolas, si puede decirse así.

Es evidente que en la izquierda abertzale el gigantesco error y el crimen del atentado de Barajas no han sido interpretados unánimemente. Declaraciones procedentes de ese ámbito así lo ponen de manifiesto. Algo ha empezado a fisurarse en el brazo político de ETA, que sin embargo sigue siendo incapaz de sustraerse a la dictadura de sus milicos. Y éste es el punto. Porque si las gentes que en la llamada izquierda abertzale (abertzale sin duda, pero “izquierda” ¿de qué?) no toman las armas tuvieran la inteligencia y el valor de distanciarse efectivamente de ese aparato “militar” que se mueve sin sentido, tal vez podrían hacer más por los etarras condenados y por la extinción de la violencia que las negociaciones ahora dinamitadas.

Tendrán algo de tiempo para ello. Cualquier negociación es imposible en esta legislatura. Es más: eso sería un suicidio político para Zapatero y el Psoe después del bombazo, el posterior comunicado de ETA y el ensañamiento de PP. También porque, de perdidos al río, ETA, tras el fracaso del proceso de paz, puede preferir un gobierno del PP, del PP dirigido por los mentirosos del 11-M, para complicar las cosas y para intentar “acumular fuerzas” —que dicen ellos— a partir de la reacción de sus bases a la previsible andanada represiva de un gobierno en el que Acebes volviera a ser Ministro del Interior. No podemos olvidar que forma parte del código genético de ETA jugar al juego macabro del “tanto peor, tanto mejor”. En consecuencia, entra dentro de lo posible que reanude sus atentados en las vísperas electorales, para hacer más daño al gobierno actual. Hay también otras razones menos especulativas: que ETA se ha autodescalificado para negociar, salvo que en el futuro inicie un proceso de acciones reales, una práctica sostenida, que haga impensable la comisión de nuevos atentados.

Y a todo ello se deben añadir otros factores que nadie parece tener en cuenta. En el pleno parlamentario dedicado a la ruptura del proceso de paz, el representante del PNV advirtió de unas posibles “goteras en el CNI”, esto es, en los servicios secretos, los cuales se suponía que estaban vigilando a ETA para “verificar la realidad del alto el fuego” y desarrollando otras actividades para la seguridad del estado en el ámbito internacional. Sería propio de ingenuos descartar que en ese mundo tenebroso alguien haya ocultado información o se la haya dado a quien no debía con el objetivo de ponerle la zancadilla a Zapatero. El CNI, como servicio de información de un Estado de la OTAN, trabaja codo con codo con la CIA. Y seguro que Bush prefiere a Rajoy antes que a Zapatero, por lo de la retirada de las tropas de Iraq y porque, desde su óptica, un país con una base como la de Rota, tan decisiva para el despliegue militar en Oriente Medio, debe estar gobernado por políticos obedientes.

En su simplismo y en su abertzalismo de campanario, ETA y su mundo ignoran o les trae al pairo lo anterior. Asimismo hacen abstracción de que el Estado —y su gobierno— no puede aceptar lo que ETA ha propuesto. El Estado está obligado a defender los derechos y libertades de todos, incluidos los ciudadanos vascos. Y por eso no puede permitir, materialmente, que impongan cambios políticos unos minoritarios que pretenden situarse por encima de la voluntad de la ciudadanía. Nadie se lo podría perdonar. Sería, además, una invitación para un terrorismo de extrema derecha o para un golpe de estado.

Y, por otra parte, sabemos de sobra que ETA no podrá incluir en un hipotético viraje hacia la paz de su política a todos sus militantes: sin duda, siempre quedará un resto que prefiera echarse al monte una vez más... para acabar como los militantes del Grapo. El especial universo ideológico creado en tantos años de violencia no se dispersa simplemente ventilando las estancias. En el mejor de los casos, lo más razonable es esperar un final parecido a lo que fue ETA político-militar: declaración de abandono definitivo de las armas y anuncio de disolución, negociaciones con gran protagonismo de su brazo político (la Euskadiko Ezquerra de 1981, la de Mario Onaindía y Juan María Bandrés, tan diferentes por desgracia de Otegui y compañía), y alguna escisión. Conviene armarse de paciencia y observar este asunto con perspectiva histórica. En el País Vasco en 1978 actuaban ETA militar, ETA político-militar, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el Batallón Vasco-Español. Hoy sólo queda la ETA heredera de ETA militar.

¿Qué es lo principal ahora?

Debemos distinguir el plazo digamos corto, de un año, y el plazo más largo.

En el plazo corto el principal peligro político es justamente el Partido Popular dirigido por Rajoy, Acebes y Zaplana.

Este PP cree con Goebbels que una mentira repetida indefinidamente equivale a una verdad. Lo demostró en su afirmación sostenida de que ETA estaba tras los atentados de los trenes en Madrid, cuando el gobierno de Aznar tenía informaciones —además de las procedentes de los atentados anteriores en Marruecos contra bienes e intereses españoles— que evidenciaban la autoría (inoportuna para el PP, empantanado en Iraq) del terrorismo islamista. A la empecinada mentira de entonces sucedió una interminable retahila de insidias, incluso en el Parlamento, acerca de complots imaginarios que, sostenidos por El Mundo y por la Cope, han intentado deslegitimar las evidencias policiales y judiciales. Esa propaganda ha calado entre algunos de esos especiales conciudadanos que, como dijo el poeta, embisten cuando pretenden usar de la cabeza.

El comportamiento del PP en la fase de “alto el fuego” de ETA no fue mejor, sino incluso peor: le puso al gobierno tantas trabas como pudo incluso a costa de politizar al poder judicial, cuya cúpula le es aún afín, e impulsó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo a convertirse en una jauría humana. El PP bajó a la calle para torpedear al gobierno. No ha bajado para condenar el atentado de Barajas con los cientos de miles de ciudadanos que sí lo hicieron.

Y eso lo hace un partido que tiene la corrupción en su armazón más íntimo. Innumerables alcaldes y cargos públicos autonómicos y provinciales del Partido Popular han empezado a visitar la cárcel tan pronto como ha sido dotada de medios la fiscalía anticorrupción. Los tránsfugas que obtiene vienen del mundo de la mafia del ladrillo y las recalificaciones: ésas que hacen imposible el acceso a una vivienda de tantas gentes trabajadoras jóvenes. Y, sobre esta base corrupta, hacen un guiño a toda la España que trapichea —y que desgraciadamente no es poca— diciéndole: “¡Devolvednos al poder!”.

Por eso, a corto plazo, el objetivo principal para que no empeore la situación social del país es impedir que el Partido Popular gane las elecciones. Cualesquiera elecciones, pero sobre todo las legislativas del año que viene. Ha de ser derrotado nuevamente en las urnas. Quienes están de verdad a favor de un proceso de paz para el País Vasco deberían estar de acuerdo con esta premisa, pues con el PP en el gobierno no habría, con toda certeza, posibilidad alguna de reabrir ni siquiera la expectativa de un final negociado de la violencia política. Por otra parte, solo una derrota del PP puede provocar una crisis interna que conduzca a un recambio en sus órganos directivos, un objetivo que debería ser compartido por todos los que no desean más regresiones de nuestro renqueante sistema de libertades. No hay que confiarse, y habrá que ir a votar, pues la derecha tratará de rebañar hasta el último voto favorable para ella, y usará todas las malas artes que la caracterizan para conseguirlo. Nos esperan, pues, meses de asco.

Un asco redoblado por la alarmante erosión del “Estado de Derecho” que representan sucesivas sentencias del Tribunal Supremo. Últimamente éste ha proclamado que las declaraciones de detenidos ante la policía, formalmente ante un abogado, pero desmentidas luego por coacción ante los jueces de instrucción, han de considerarse válidas. ¡Como si el abogado estuviera presente en todo el período de detención, prolongado más de 72 horas en los supuestos de la ley antiterrorista, y como si no hubiera torturas que no dejan huellas físicas, indetectables por los forenses! El Tribunal Supremo ha abierto una puerta más a la arbitrariedad —y a los deseos de hacer méritos de posibles funcionarios desaprensivos, o inflamados de “patriótico celo” que decía Alonso Martínez—. ¿Adónde vamos a parar?

Sin embargo, pese a todo, a más largo plazo, y con inteligencia política, se podrá conseguir que el grueso de los militantes de ETA abandone la lucha armada. Pues día a día se muestra que carece de sentido y empeora su propia situación.

Por nuestra parte, defenderemos en primer lugar la pacificación de Euskadi y la reconciliación entre los vascos, una tarea a la que podrían contribuir, mediante acciones moleculares y poco vistosas, todos los que ahora quieren hacer algo para lograr una paz duradera y viable. Defenderemos las negociaciones cuando se den las condiciones necesarias para ellas. La reconciliación exige algo más que esfuerzos políticos: también acciones sociales, “comisiones de la verdad” como en Sudáfrica, o iniciativas análogas. También defenderemos el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de Euskadi sólo ejercible después de un período de paz que permita la cicatrización de las heridas sociales. En paz, todo es discutible y debatible públicamente.

Pero ya desde ahora defendemos el regreso a los principios democráticos del ideal de “Estado de Derecho” que una serie de decisiones del poder judicial está poniendo en cuestión.

[Juan-Ramón Capella y José Luis Gordillo,
enero 2007]


Alcorcón en cada barrio

Hay ciudades y barrios que sólo son noticia de página de sucesos. Allí donde vive el grueso de la clase trabajadora: ciudades y barrios engordados en cada oleada de crecimiento capitalista. Y su fenómeno asociado de inmigración. Áreas que nunca aparecen en las recomendaciones turísticas, ni en las de actividades culturales ni celebraciones festivas. Componen una geografía de la crónica negra y de la revuelta inclasificable. Sólo en unos pocos momentos históricos sus acciones han adquirido una valoración política —como en el pasado el movimiento vecinal español del período de la transición, o más recientemente la revuelta de El Alto, la tercera ciudad más populosa de Bolivia, difícil de encontrar en la mayoría de mapas—. Eso ocurre de tanto en cuanto, pues lo que predomina es la imagen de un espacio dominado por la irrupción espontánea de la violencia irracional. Ahora los focos se han trasladado a Alcorcón, la cuarta ciudad en población de la Comunidad madrileña.

El periodismo siempre está necesitado de titulares llamativos: ahí tienen un filón. Y como lo más fácil es buscar analogismos, la referencia actual es la “guerra” de los coches quemados en la banlieue parisina del año pasado. No se pueden negar ciertas similitudes (tipo de barrio, presencia de inmigrantes, etc.). Pero es discutible alargar más los paralelismos, sobre todo si ello acarrea respuestas erróneas.

En Seine Saint Denis no se trató de una revuelta de inmigrantes. Los jovenzuelos que quemaban coches y escuelas y se enfrentaban a la policía eran nacidos en Francia y, probablemente de nacionalidad gala. Su revuelta no era tanto un conflicto convivencial sino una respuesta, todo lo inmadura que se quiera, a una sociedad en la que se ha enquistado un nuevo-viejo modelo de clasismo: el que separa a la gente según su color, sus creencias religiosas o su origen nacional. El núcleo racional de su denuncia es el reconocimiento de la existencia de una desigualdad intolerable en una sociedad cuyas instituciones les habían prometido la igualdad de oportunidades y el progreso general. Es, en términos marxistas, un reconocimiento de las iniquidades reales allí donde impera la igualdad formal. Fue, en definitiva, una revuelta contra el estatuto de “meteco” que en parte considerábamos una curiosidad de las sociedades “clásicas” y que hoy constituye una situación generalizada en todas las sociedades desarrolladas.

En Alcorcón las cosas han sido diferentes. Se trata de una combinación de conflicto juvenil clásico con una respuesta de corte racista. El origen es una trifulca sentimental combinada con una pelea entre bandas. Nada nuevo bajo el sol. Cualquiera que haya vivido en una barriada obrera o popular ha tenido contacto con este fenómeno de las bandas juveniles, de sus infantiles, y a veces peligrosas, luchas territoriales, sus métodos de adscripción personal, su omnipresente culto a las respuestas violentas. Hay buen cine (por ejemplo la coppoliana Rumble Fish o el clásico Rebelde sin causa de Ray) y buena literatura (por ejemplo El día del Watussi, la recomendable trilogía de Eduardo Casavella sobre mi ciudad de los prodigios) que exploran este territorio. Nada nuevo bajo el sol, a no ser la incapacidad de generar otras dinámicas sociales, otros modelos de comportamiento.

Lo realmente significativo de Alcorcón ha sido que este enfrentamiento se ha traducido en una pelea racista, en la que la extrema derecha ha vuelto a meter la baza que ha podido y donde, a lo que parece, quienes realmente se han “revuelto” han sido los de la etnia celtibérica. El conflicto parece más cercano a los pogroms que no a la revuelta de la desesperanza. Y es que si bien el conflicto ha estallado por una nimiedad su historia ha crecido en un cultivo de leyendas urbanas de corte racista que uno puede oír un día sí y otro también (el de que “no hay derecho que unos extranjeros nos cobren por jugar en la cancha de baloncesto” suena igual que el muy extendido “estos chinos que tienen el apoyo municipal para quedarse con las tiendas del barrio”, o “estos ecuatorianos que han colapsado la seguridad social” —por motivos familiares en los últimos años he sido un asiduo visitante del mayor centro hospitalario de la ciudad, ciertamente he visto a bastantes mujeres latinoamericanas en las consultas, pero la mayoría en función de acompañantes-cuidadoras de ancianos locales—).

Ciertamente aquí hay un grave peligro. La transformación de los roces cotidianos que generan las aglomeraciones urbanas en conflicto étnico. Su explotación por la derecha, no sólo la minoritaria de los skins, sino la más tradicional de la ley y orden. La que tiene intereses materiales y políticos en negar el estatus de ciudadanía a los extranjeros pobres. Evitar este tipo de procesos debería ser una cuestión crucial para la izquierda. Y hay experiencias que indican que no se trata de una tarea imposible, pero sí laboriosa. El primer paso para ello es el de confinar los problemas en una dimensión tratable, esto es situar los diferentes problemas de convivencia en el nivel en el que se plantean originariamente. En segundo lugar, se requiere generar dinámicas colectivas que impulsen el quehacer cotidiano de los jóvenes —siempre más expuestos a entrar en dinámicas de alta tensión— hacia proyectos más creativos y convivenciales. Y en tercer lugar, es necesario cortocircuitar la generación de estereotipos racistas con todo tipo de informaciones y experiencias alternativas.

Para llevar a cabo estas prácticas sin duda hacen falta medios: centros culturales, educadores sociales, ayudas a proyectos juveniles, etc. Y es ésta una demanda que debe exigirse a la Administración. Pero hay otros dos elementos cruciales que no dependen sólo de recursos y en los que es necesaria una política social. El primero tiene que ver con la existencia de un amplio activismo social que intervenga desde ángulos diversos como impulsor de actividades, mediaciones, dinámicas que contrarresten las tendencias al conflicto. El segundo es la generación de culturas profesionales en los gestores y agentes públicos que intervienen en estos territorios comprensivas de las diferencias y las desigualdades, y favorables al desarrollo de propuestas inclusivas. Se trata en ambos casos de una tarea organizativa y cultural, orientada tanto a generar procesos de auto-organización como a cambiar las culturas burocrático–elitistas que a menudo proliferan en el mundo de los profesionales públicos. Es posible que sea una misión imposible, para una izquierda debilitada y reducida a un discurso bastante vacío de experiencias concretas. Pero presumo que es un campo donde persisten algunas experiencias alentadoras y donde se juegan algunos aspectos esenciales para el futuro social. Lo de Alcorcón puede pasar en cada barrio o ciudad. Sobre todo si no intentamos mover conciencias y esfuerzos porque en cada uno no se desarrollen iniciativas en otra dirección.

[Albert Recio]

Okupas de pisos en Barcelona: leyendas urbanas y criminalización social

Hace unos días la portada de todos los medios de comunicación catalanes (incluido el Telenoticias de TV3) daban cuenta de la experiencia de un ciudadano—Carles Veiret— que al tratar de entrar en una vivienda propia en la calle Urgell (en pleno Eixample) la había encontrado ocupada por cuatro chilenos que habían cambiado la cerradura. Su objetivo de arreglar la vivienda para residir en ella se veía frustrado por unos ocupantes ilegales a los que, para más “escarnio”, la ley protegía hasta que no se demostrara su ilegalidad. Además los residentes alegaban que ellos pagaban un alquiler a una “señora” que les había ofrecido la vivienda y con la que no conseguían contactar.

El suceso incidía de lleno en varios de los debates más virulentos de hoy. Por un lado el tema de los “ocupas”, un movimiento ciertamente implantado en Barcelona y que hace tiempo está en el centro del debate municipal. La derecha no ha cesado de acosar al Ayuntamiento tripartito de connivencia con los ocupas y sobre todo de generar alarma social alertando del peligro de que uno se encuentre su casa ocupada por los amigos de la propiedad ajena. El caso Veiret era la confirmación de sus insinuaciones, por fin se producía el asalto a los domicilios particulares. En el ojo del huracán no sólo estaba el movimiento okupa, sino que el tiro apuntaba a otros dos objetivos. De una parte el proyecto de ley de vivienda de la Generalitat, un proyecto posibilista que trata de ampliar la oferta de vivienda pública y de introducir mecanismos de presión sobre los propietarios de viviendas desocupadas para que las pongan en alquiler. De otra Iniciativa Verds-EUIA, la fuerza política que ha impulsado aquel proyecto, que ha crecido electoralmente en los últimos tiempos y que, a pesar de su moderación, representa de algún modo los viejos y nuevos demonios de la derecha (“rojos”, “verdes”, “feministas” “pacifistas”...). Que su dirigente sea hoy el jefe de la policía autonómica, que la formación se encargue de la vivienda y que su líder municipal sea la compañera sentimental del líder (y realice unas moderadas declaraciones en las que dijo estar más identificada con algunos planteamientos antisistema que con los especuladores) es otra buena razón para atacar ese flanco —no sólo por parte de la derecha sino también por un partido socialista cada vez más temeroso de perder peso respecto a sus tradicionales socios de Gobierno—. El caso Veiret era por tanto un poderoso “tres en uno”, una leyenda urbana apropiada para dar apoyo a las propuestas de una derecha políticamente autoritaria y socialmente regresiva,

El final de la historia está tomando un rumbo que apunta a esta característica de “montaje” mediático. En pocos días los chilenos se han largado y el propietario ha recuperado su vivienda. Pero las nuevas informaciones apuntan a que se ha ocultado parte de la trama. Que los “ocupantes” ya llevaban tiempo en el piso o que al menos habían residido en él con anterioridad. Y que la que se lo alquilaba era una cuñada del ofendido “expropiado”. Seguramente nunca llegaremos a saber toda la historia. Entre otras cosas porque todos los medios de desinformación han metido la pata y preferirán que el tema se olvide a dar cuenta de su ingenuidad o de su manipulación. Y porque lo que realmente queda es un nuevo referente social que apoya la criminalización de la ocupación y la deslegitimación de las políticas que tratan de acotar la propiedad privada. Nos han dado una lección. Quizás porque los alternativos nunca hemos sabido tener políticas de actuación y mediáticas capaces de penetrar en el espacio de prejuicios sobre los que la derecha construye su legitimación.

[Albert Recio]

Informe Salud y género 2005

Salud y Género 2005, Observatorio de la salud de la mujer, 2006, 112 págs. www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/informe2005SaludGenero.pdf

El Observatorio de salud de la mujer ha publicado recientemente su informe Salud y Género 2005. Se trata de un estudio introductorio acerca de los índices de salud aplicados a mujeres y hombres, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

En concreto, este informe quería analizar cómo influyen las desigualdades de género y clase social en la salud de las personas. Sin embargo, acaba siendo una recopilación expositiva de datos que se queda a medio camino. Se echa de menos, incluso en la bibliografía consultada, trabajos notables sobre la materia como el de Joan Benach y Carles Muntaner (Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña nuestra salud, El Viejo Topo, Barcelona, 2005).

En el informe, el concepto de género se entiende y utiliza como un concepto relacional que se centra en las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero las desigualdades, además de darse entre hombres y mujeres, también se dan entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres. Sin este planteamiento más abierto, y más complejo, se corre el peligro de simplificar las cuestiones quedándose en la epidermis de los problemas. Por otra parte, el estudio no aporta dato alguno acerca de la salud de lesbianas, gays, y mujeres y hombres transexuales.

No obstante esto, el informe aportan dato que se han de tener en cuenta ya que vuelven a incidir en una cuestión fundamental: la buena o mala salud de las personas, así como el acceso a los servicios sanitarios (cuando éstos existen y mantienen un grado de eficacia aceptable), están ligados a las condiciones sociales, culturales, laborales, económicas y políticas en las que viven las personas.

[Antonio Madrid]

Eduardo de Guzmán
La muerte de la esperanza
Ediciones VOSA, Madrid, 2006.

En los años setenta, Eduardo de Guzmán, uno de los mejores periodistas españoles del siglo XX, publicó una importantísima obra testimonial e histórica, hoy inencontrable. Nació en Villada (Palencia) en 1908 y falleció en Madrid en 1991. En 1940 fue condenado a muerte, y en 1948, indultado. Se ganó la vida durante la dictadura escribiendo novelas del Oeste bajo distintos pseudónimos, como el de Edward Goodman.

Ediciones Vosa continúa la recuperación de este autor imprescindible y, tras haber rescatado El año de la victoria (su experiencia en los campos de concentración franquistas) ofrece ahora La muerte de la esperanza, otra de sus más sólidas aportaciones. Este libro relata, hora a hora, el acontecer del autor durante los cuatro primeros y los cinco últimos días de la guerra civil española. Los primeros en Madrid, en los que destaca la presencia de


Eduardo de Guzmán en el asalto al cuartel de la Montaña, centro neurálgico de la conspiración fascista. Los últimos se abren con la entrada de las tropas facciosas en Madrid y la salida del autor hacia Valencia, primero, y luego al puerto de Alicante, donde más de quince mil personas se debatieron, arrinconadas contra el mar, a la espera de unos barcos que pudieran evacuarlos y que no llegaron nunca. La rendición o la muerte fue su única salida. Como escribe el también periodista Rafael Cid, que conoció y trató a nuestro autor: “la lectura de La muerte de la esperanza prueba que en aquella aciaga época, en una España ultrajada y torturada hubo millones de hombres y mujeres que llevaban un mundo nuevo en sus corazones.

[Francisco Rodríguez]

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